El relator de la ONU responsable de los derechos al agua y al saneamiento, Léo Heller, ha tachado de "preocupante" que unos 700 migrantes que residen en Calais y su área metropolitana apenas tengan acceso a diez letrinas portátiles y otros tantos grifos.
"Los Derechos Humanos se aplican a todos, también a migrantes, independientemente de su estatus", ha subrayado Heller, que ha puesto el foco en la delicada situación en la que se han quedado cientos de personas tras el desmantelamiento, en noviembre de 2016, de la denominada 'Jungla' de Calais.
El relator para los Derechos Humanos de la población migrante, Felipe González Morales, ha apelado a la "obligación" de las autoridades francesas de dotar a estas personas de los servicios mínimos que necesitan, de tal forma que no sólo dependan de la ayuda de ONG y voluntarios.
Estas organizaciones han abierto sus propias instalaciones para que los usen las personas residentes en campamentos improvisados y algunas han facilitado transporte para trasladarlas a instalaciones deportivas donde puedan darse una ducha. Los expertos han subrayado que se trata de "una solución temporal" que, en cualquier caso, "no debería ser la única".
En su carta, suscrita también por la relatora para un adecuado alojamiento, Leilani Farha, los expertos han instado a la comunidad internacional a sumarse a su llamamiento y a reclamar al Gobierno francés que gestione una solución "duradera" a la actual situación.