La Comisión Europea propuso el pasado 28 de septiembre crear un registro obligatorio para dejar constancia de las reuniones con representantes de los lobbies que cubriera a las tres instituciones comunitarias, el Ejecutivo comunitario, la Eurocámara y el Consejo de la UE, con el objetivo de mejorar la confianza pública en el proceso de decisión de la UE y superar la percepción de los posibles conflictos de intereses.
La Eurocámara ha fijado sus prioridades en el mandato que ha aprobado para negociar el acuerdo, entre ellos que el Consejo de la UE se sume al registro pero también reclama que esté abierto a otras instituciones de forma voluntaria como las agencias de la UE y también las Representaciones Permanentes de los Estados miembro ante la UE, es decir, las embajadas nacionales.
También ve necesario garantizar la claridad y certidumbre preferentemente con una propuesta legislativa que introduzca obligaciones vinculantes y ampliar la definición de la actividad lobista, además de clarificar las exenciones.
Asimismo, piden que se garantice el respeto de la independencia del mandato de los eurodiputados, mejorar la precisión y calidad de los datos del registro para garantizar una mayor fiabilidad y comparaciones y garantizar también suficientes recursos, incluido humanos, técnicos y financieros, para el buen funcionamiento del registro.