Los eurodiputados han adoptado una resolución no vinculante por amplia mayoría (sólo 10 votos en contra y 27 abstenciones), con la que condenan este tipo de violencia sexual y alertan de la tolerancia de la que se benefician los responsables del acoso.
La Eurocámara cuenta desde 2014 con un comité consultivo creado 'ad hoc' para investigar las denuncias de acoso presentadas principalmente por asistentes parlamentarios, aunque la decisión final sobre eventuales sanciones le corresponde al presidente de la institución.
Sin embargo, los eurodiputados piden ir más allá y crear un grupo de trabajo formado por "expertos independientes" que analicen la situación en el Parlamento Europeo y planteen medidas específicas para garantizar el apoyo a las víctimas tanto en el seno de la institución como ante la Policía.
Además creen necesario un examen "con urgencia y exhaustivo" de todo lo publicado en la última semana en varios medios de comunicación, que se han hecho eco de distintos casos de mujeres que sufrieron el acoso de sus superiores cuando trabajaron como asistentes en la Eurocámara.
También abogan por introducir actividades de formación "obligatoria" para todo el personal y para los eurodiputados, centradas en el respeto y la dignidad en el trabajo.
La resolución apuesta por que los Estados miembros promuevan acciones similares en los parlamentos nacionales y reclaman a los políticos que sean "ejemplo" en la prevención y lucha contra el acoso sexual tanto en las instituciones como en la sociedad en general.
Un 55% ha sido víctima de acoso sexual y en el 32% de los casos el autor era jefe, compañero o cliente, según datos de 2014 de la Agencia europea de Derechos Fundamentales. El 75% de las mujeres que ocupan puestos cualificados o de dirección han sufrido acoso sexual.