Entre las víctimas, que han sido ejecutadas de diversas formas, desde la lapidación al ahorcamiento, se encuentran excandidatas al Parlamento iraquí, integrantes del consejo provincial y funcionarias, según el comandante de la Policía de la provincia, Zanuon al Sabawi.
Las acusaciones más repetidas contra las fallecidas han sido las de deslealtad al califato, espionaje o comportamiento antiislámico, de acuerdo con el informe policial, que recuerda que el grupo también es responsable del asesinato de cientos de mujeres yazidíes en la cercana localidad de Sinyar.