Esta normativa ha provocado duras críticas por parte del Sindicato de Periodistas y de los reporteros que consideran que coarta la libertad de prensa y el derecho a informar.
El artículo 33 de la norma imponía penas de hasta dos años de prisión para aquellas personas que "publicaran información falsa sobre ataques terroristas que entrara en contradicción con la versión oficial".
En su reunión celebrada este miércoles, el Gobierno ha decidido eliminar las penas de prisión contempladas en el artículo 33 y reemplazarlas por multas de entre 200.000 y 500.000 libras egipcias (entre 23.000 y 58.000 euros), según ha informado el portavoz del Gobierno egipcio, Hossam al Qawish, a la agencia oficial MENA.
Jaled al Balshy, representante del Comité de Libertades del Sindicato de Periodistas, ha afirmado que la enmienda introduce en realidad "mayores penas de prisión" al imponer multas que están lejos del alcance de la mayoría de los reporteros.
La ley "no está actuando contra el terrorismo sino que busca ir contra la libertad de prensa y sesgar las voces opositoras", ha explicado Al Balshy, en declaraciones al diario estatal 'Al Ahram'. El representante del Sindicato de Periodistas ha lamentado que el Ejecutivo ignore las propuestas del gremio para revisar esta norma, que "inhibe las libertades generales y refuerza el control de las autoridades sobre todo".
La polémica ley antiterrorista fue aprobada por el Gobierno egipcio después de que el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, se comprometiera a adoptar medidas más estrictas contra el terrorismo tras la muerte del fiscal general egipcio en un atentado terrorista con bomba perpetrado en El Cairo.
El Sindicato de Periodistas sostiene que la norma incluye varios artículos que permiten restringir la libertad de prensa y que posibilitan que las autoridades impongan la censura. Entre otras cuestiones, la norma impone penas de cárcel para aquellos que promuevan los "delitos terroristas" de forma verbal, con escritos o con la difusión de contenidos audiovisuales" que "engañen" a las autoridades o "impidan el trabajo de la justicia".
Otro artículo de la norma prohíbe grabar los juicios sin una autorización judicial. Amnistía Internacional ha denunciado que la ley es "un golpe en el corazón de las libertades básicas" y ha exigido su inmediata retirada.
"Si se aprueba, está llamada a ser un instrumento para que las autoridades aplasten todas las formas de disensión", ha asegurado el representante de AI Said Boumedouha.