Gudina, líder de uno de los principales partidos de la oposición en Etiopía, ha sido arrestado a su regreso de una reunión con varios miembros del Parlamento Europeo en Bruselas.
Gudina preside el Congreso Popular de Oromo (CPO), el partido opositor de la región de Oromia, que ha sido el escenario de numerosas protestas contra la expropiación de terrenos por parte del Gobierno, al que acusan de estar llevando a cabo una campaña de represión en contra de la disidencia.
Sin embargo, un portavoz del Gobierno ha dicho que Gudina había violado varias normas gubernamentales por "mantener contacto con grupos terroristas".
"Debido a estas violaciones, Gudina se encuentra bajo custodia y está siendo investigado por las autoridades", manifestado.
En respuesta, el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, ha reclamado al Ejecutivo etíope "que haga públicos los cargos que haya presentado contra él".
En este sentido, ha señalado que "este arresto es otro ejemplo de las crecientes restricciones contra las voces independientes en Etiopía".
"Francamente, refuerza nuestra visión de que Etiopía estaría usando el estado de emergencia para silenciar a las voces críticas y negar los derechos protegidos por la Constitución", ha lamentado.
Las autoridades etíopes declararon el estado de emergencia en respuesta a las protestas de la comunidad oromo, aplicando unas restricciones que han alarmado a numerosas ONG internacionales.
El Gobierno etíope ha acusado a varios países de armar, entrenar y financiar a los participantes en las protestas del pueblo oromo contra las expropiaciones de tierras en los alrededores de la capital, Addis Abeba.
En concreto, el portavoz gubernamental, Getachew Reda, señaló a Eritrea, que mantiene una larga disputa fronteriza con Etiopía, y a Egipto, también enfrentado a las autoridades etíopes por la gestión de las aguas del río Nilo.
Más de mil integrantes de la comunidad Oromo han muerto en las regiones de Oromia y Amhara en los últimos 11 meses, durante los que han sido objeto del acoso sistemático de las fuerzas de seguridad, según denuncian ONG como Human Rights Watch.
Las protestas comenzaron tras la publicación de un informe de HRW sobre la situación en el país, lo que a su vez provocó una respuesta violenta de la Policía.
A principios de octubre, al menos 55 personas murieron en una estampida en la región de Oromiya provocada por el lanzamiento de gas lacrimógeno y tiros al aire por parte de la Policía para reprimir una manifestación crítica con el Gobierno.