La medida, que suspende las concesiones de estatus de refugiado e impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Somalia y Libia, provocó que cerca de una treintena de pasajeros fueran detenidos o enviados de vuelta a sus países de origen este mismo sábado desde cuatro aeropuertos estadounidenses.
Yates, en una carta enviada al Departamento de Justicia, ha recordado que desde su cargo, que todavía ejerce en funciones, es su "responsabilidad" determinar la posición de este departamento ante este tipo de órdenes.
"Mi responsabilidad es asegurarme de que la posición del Departamento de Justicia es, no sólo legalmente defendible, sino también informada desde nuestro mejor punto de vista acerca de lo que la legislación considera los hechos", ha explicado la fiscal en la misiva, recogida por varios medios de comunicación estadounidenses.
"Asimismo, soy responsable de asegurarme de que la posición que tomamos ante los tribunales es consistente con la solemne obligación de esta institución de buscar siempre la justicia y apoyar lo que es correcto", ha continuado.
En este contexto, Yates ha indicado que no está "convencida" de que "la defensa de esta orden ejecutiva sea consistente con esas responsabilidades", ni tampoco de que la orden sea "legal".
"Consecuentemente con esto, mientras siga siendo la fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a no ser que y hasta que esté convencida de que deba hacerlo", ha concluido la fiscal.