Duterte ha reformado la regulación sobre la materia de modo que será más difícil obtener una licencia de juego, ya se trate de un establecimiento físico o de una página web, según informa el diario filipino 'The PhilStar'.
El mandatario asiático también ha aumentado las sanciones contra quienes practiquen el juego ilegal, que serán perseguidos, conforme a la orden ejecutiva, por la Policía Nacional y la Oficina Nacional de Investigaciones.
Duterte ha condenado "la existencia del juego ilegal" al considerar que es "una amenaza social creciente" porque socava la importancia del "trabajo duro". Constituye una de las principales "fuentes de corrupción", ha afirmado.
De esta forma, ha abierto un nuevo frente que se suma a su polémica guerra contra las drogas, en la también ha implicado a la Policía y que ha dejado ya más de 7.700 muertes, muchas de las cuales serían ejecuciones extrajudiciales según denuncian las ONG.