Su testimonio fue grabado el martes, 13 de enero, por el cineasta Marcos Prado, que prepara un documental sobre el caso del brasileño, con quien habló por teléfono y grabó la llamada. Prado ha publicado el testimonio de Archer en Youtube.
En el vídeo, de dos minutos y medio de duración, Archer dice que su sueño es ser liberado y regresar a Brasil, para contar su historia a los jóvenes que tengan problemas con las drogas, y que no cometan el mismo error que él. Un dramático testimonio en el que llega a decir que su vida no debería acabar así.
El caso de Archer ha movilizado a organizaciones de derechos humanos, amigos, familiares, y a la clase política brasileña, con su mayor representante al frente, la presidenta Dilma Rousseff.
El fotoperiodista Nelson Veiga, amigo desde la adolescencia de Marco Archer, no pierde la esperanza y cree que “un milagro” puede suceder en el último momento, según ha declarado a la Agencia Brasil.
Cardoso está preso en el país asiático desde el año 2003 tras intentar introducir a través del aeropuerto de Yakarta 13,4 kilos de cocaína. Será fusilado este fin de semana si el presidente de Indonesia, Joko Widodo, no hace caso a las peticiones de clemencia.
Entre ellas, la de la presidenta de Brasil, quien telefoneó al mandatario para tratar de salvar la vida de Archer y del brasileño Rodrigo Gularte, condenado por el mismo delito.
Pero Widodo respondió que no puede atender la petición de Rousseff, a pesar de comprender la preocupación dela presidenta y de la sociedad brasileña, ya que los trámites jurídicos del caso se han llevado a cabo conforme a las leyes del país.
En el último intento por salvar la vida de Archer, sus amigos han impulsado una petición a través de Facebook, ‘Free Curumin’ y se han movilizado para enviar mensajes al presidente indonesio pidiendo clemencia. Señalan que Marco fue toda su vida un deportista, campeón sudamericano de vuelo libre, que se equivocó al intentar entrar con cocaína en Indonesia, pero que está arrepentido de lo que hizo y pide no ser ejecutado.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también han apelado al Gobierno indonesio para evitar la ejecución, pero sus llamamientos han sido rechazados.