En un comunicado, el órgano de defensa del pueblo colombiano ha anunciado que tras conocerse la medida, aprobada por el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, por la que se deportará de forma "inminente" a los más de 1.200 cubanos que se encuentran en una bodega privada en Turbo, Antioquia, han fortalecido su presencia en el terreno para que los "procedimientos que allí se apliquen sean absolutamente respetuosos con los Derechos Humanos".
En este contexto, el organismo --que pertenece al Ministerio Público (Fiscalía)-- ha reconocido que "comprende que el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional supone un tratamiento no solamente consagrado en la ley sino soberano por parte del Estado colombiano" y que la crisis humanitaria que se ha registrado en la zona del Urabá tras la llegada de los migrantes no ha sido provocada por el Gobierno, pero ha recordado que "a la luz de los tratados internacionales vigentes y de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la deportación no puede realizarse de manera masiva".
Así, ha considerado que las "precarias condiciones" en las que han estado durante las últimas semanas los cubanos y la "evidente falta de asistencia" para esta población han llevado a la necesidad de "distinguir entre quienes se han lucrado ilícitamente de esta situación y quienes, desde un punto de vista netamente humanitario, han socorrido a estos ciudadanos, para que las consecuencias judiciales de las que se ha hablado no resulten desproporcionadas".
Según los datos de la Defensoría de Urabá y la oficina de Asuntos Internacionales, la cifra de cubanos refugiados en Turbo es de 1.273, de los cuales 452 son mujeres y 260, menores de edad, 24 de ellos "con serios problemas de salud" debido a las condiciones de hacinamiento en la bodega.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha pedido a las autoridades colombianas que no deporten a los inmigrantes para evitar "que sean doblemente víctimas de la violación de sus Derechos Humanos".
Este mismo lunes, un grupo de artistas y académicos envió al Gobierno de Santos una carta en la que apelaban a la compasión de Colombia, un país de "más de 46 millones de habitantes", con "este pequeño grupo" de inmigrantes para que continúen su camino hacia Estados Unidos y pacten su salida con México.