Ercolini también ha ordenado procesar al ex ministro de Planificación Julio de Vido y al empresario, Lázaro Báez, entre otros. Ha impuesto además un embargo sobre los bienes de la líder izquierdista hasta 10.000 millones de pesos (unos 615 millones de euros).
Los investigadores tratan de dilucidar la legalidad de las obras públicas que se concedieron durante el Gobierno de Fernández de Kirchner al Grupo Austral, de Báez. Según la Fiscalía, hubo "un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia y orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación de obra pública".
Además, la Justicia investiga a Fernández de Kirchner por las supuestas operaciones financieras que el Banco Central hizo bajo sus órdenes para asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio menor al previsto en los mercados internacionales.
La ex jefa de Estado está siendo investigada igualmente por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.