Park Young Soo, de 64 años, fue elegido el día anterior por la propia presidenta, de entre los dos candidatos que los partidos opositores le recomendaron el martes.
Es la primera vez que es el primer ministro el que entrega esta certificación en lugar del presidente.
El abogado tendrá hasta 120 días para investigar el caso. El equipo de investigación, formado por 105 miembros, entre ellos 20 fiscales, se espera que empiece a trabajar este mes. No obstante, existe la posibilidad de que la propia presidenta amplíe el plazo un mes más.
El fiscal designado, que actualmente trabaja como abogado privado, es conocido en Corea del Sur por haber gestionado importantes casos de corrupción en los que estaban involucrados conglomerados locales.
Su cometido será investigar las acusaciones que pesan sobre Park, su confidente, Choi Soon Sil, epicentro del escándalo, y a otros antiguos asesores. Park ha sido citada por la Fiscalía como cómplice y se la considera responsable de abuso de autoridad, filtración de secretos oficiales y coerción.
Desde la Presidencia, se han negado las acusaciones contra la mandataria y se ha confiado en que su "inocencia" quedará demostrada mediante la investigación del consejo independiente, que se espera que se inicie en diciembre.
Después de que el consejo independiente presente cargos contra cualquier sospechoso en el caso, un tribunal de distrito dictaminará sobre el mismo dentro del plazo de tres meses. Posteriormente, un tribunal de apelación y el Tribunal Supremo pronunciarán sus sentencias dentro de un período de dos meses cada uno.
Este martes, la propia Park se mostró dispuesta a dimitir y reiteró sus disculpas por lo ocurrido, afirmando que "siente un gran pesar" por no poder reducir el malestar público por el escándalo en el que se ha visto inmersa.