Uno de los puntos más controvertidos de la reforma constitucional --llamada 'Renzi-Boschi' por el 'premier' y su ministra María Elena Boschi y que fue aprobada por el Parlamento en abril pasado-- es la transformación del Senado en un órgano de representación de los entes territoriales.
Los que apoyan el 'sí', defienden la reducción de número de senadores de 315 a 100 y la simplificación del sistema institucional. Por su parte, los partidarios del 'no' contestan el hecho de que los senadores ya no serían elegidos por sufragio universal sino por los consejos regionales.
De los 315 senadores actuales, 309 son elegidos en Italia y 6 por los ciudadanos italianos que residen en el extranjero durante las elecciones en las que también se elige a los miembros de la Cámara de Diputados. Además, están los senadores vitalicios, de los que el presidente de la República italiana puede designar hasta cinco por méritos en el campo social, económico, científico, artístico o literario según el artículo 59 de la Constitución italiana.
Actualmente hay cuatro, todos ellos nombrados por el expresidente Giorgio Napolitano: Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Mario Monti. Además, los presidentes en Italia se convierten automáticamente en senadores vitalicios, una vez han dejado el Palacio del Quirinal.
ELECCIÓN DE LOS SENADORES
De ganar el 'sí', el Senado pasaría a tener 95 senadores, quienes serían elegidos por los consejos regionales. En la actualidad, puede ser elegido senador cualquier ciudadano mayor de 40 años, mientras que la reforma prevé que los 95 sean representantes de entes territoriales: en concreto 74 consejeros regionales y 21 alcaldes (uno por cada región, incluidas las dos provincias autónomas de Trento y Bolzano).
Además, no percibirían sueldo pero sí tendrían inmunidad parlamentaria, uno de los puntos más polémicos de la reforma, puesto que ello abriría la puerta a que los consejos regionales designen senador a alguien bajo investigación judicial. Los senadores no pueden ser objeto de escuchas telefónicas y si éstas fueran previas a su nombramiento, solo podrían ser usadas en un juicio si el Parlamento da su visto bueno.
La elección de los senadores deberá realizarse, si se aprueba la reforma, en correspondencia con las elecciones regionales, de modo que se introduciría un vínculo de pertenencia territorial del senador. Su mandato coincidiría con el del órgano que lo ha elegido.
Además, los cinco senadores nominados por el presidente de la República estarían en el cargo siete años y no de por vida, mientras que no cambia nada para los futuros jefes de Estado que, al final del mandato, se convertirían automáticamente en senadores vitalicios.
FIN DEL BICAMERALISMO PERFECTO
El texto toca numerosos aspectos, entre ellos el bicameralismo perfecto. Ahora el Parlamento italiano está compuesto de dos cámaras con los mismos poderes, lo que, para muchos, ralentiza el proceso legislativo. Con la victoria del 'sí' el poder del Senado sería minimizado y cambiarían sus funciones.
Con el sistema actual, los actores con iniciativa legislativa son el Consejo Nacional de Economía y Trabajo, que la reforma quiere abolir; los ciudadanos; las regiones; el Parlamento y el Gobierno. Según la Constitución, el Parlamento es el titular del poder legislativo, pero el Gobierno, ha ampliado su radio acción con el tiempo.
Desde septiembre, de 6.729 propuestas de ley depositadas, tan solo 243 han completado el trámite parlamentario, lo que supone el 3,61% del total, según datos de Openpolis. Si se compara este dato con las propuestas del Gobierno, la cifra se multiplica por diez: de 609 proyectos de ley que han sido propuestos por el Ejecutivo, 195 se han convertido en ley, el 32,02% del total.
De prosperar la reforma propuesta, el Senado pasará a tener tener mucho menos influencia en los procesos legislativos. Actualmente, en virtud de la Constitución, ambas cámaras dan su confianza al Gobierno y también pueden presentar una moción de censura. Además, ambas deben aprobar el mismo texto legislativo para que se convierta en ley.
MÁS ESTABILIDAD
Si gana el 'sí', el Senado pierde su capacidad de desafiar al Gobierno, porque no necesitará de su voto de confianza para permanecer en el cargo. Así, solo la Cámara de Diputados, que está formada por 630 miembros, deberá dar luz verde al Gobierno, una medida que ha sido presentada como una tabla de salvación que dará estabilidad a un país que ha tenido 63 gobiernos en 70 años.
Al mismo tiempo, el Senado tendrá un papel específico en la valoración de la administración pública y sólo será necesaria su aprobación para determinados tipos de leyes: las constitucionales, las garantías conexas a esto y aquellas que se refieren al estatus de senador y que regulan el ordenamiento de los entes territoriales.
Con la reforma, las propuestas de ley podrán seguir siendo presentadas por ambas cámaras. Sobre las otras leyes, el Senado solo podrá proponer modificaciones, pero la última palabra la tendrá la Cámara de Diputados. Para evitar el riesgo de que las propuestas de los senadores no sean jamás tomadas en consideración, el Senado podrá, aunque por mayoría absoluta, pedir a la Cámara de Diputados que examinen el proyecto de ley en los próximos 6 meses.
FUNCIONES DESLIGADAS A LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Pero si gana el 'sí', el Senado tendrá, sobre todo, funciones desligadas a la actividad legislativa ya que se convertiría en el órgano de enlace entre los distintos niveles institucionales, en particular, con el Estado, la Unión Europea y los entes territoriales.
La reforma conserva algunas funciones de garantía ya atribuidas al Senado, pero modificándolas. Actualmente elige a cinco de los 15 jueces del Tribunal Constitucional. Si prospera la reforma, solo elegiría a dos.
En cuanto a la elección del jefe de Estado, el Senado continuará votando pero su poder se reduce considerablemente. Ahora los senadores representan el 31% del colegio que elige al jefe de Estado (315 de 1.000 electores totales) mientras que con la reforma se reducirían al 14% (100 de 730). Entre otras funciones de garantía, el Senado expresará opiniones sobre las designaciones en el Gobierno, pero sin que estas sean vinculantes.
ELIMINACIÓN DE LAS PROVINCIAS
Más allá de las modificaciones del Senado, la reforma propone la modificación del Título V de la Constitución, que regula las relaciones entre el Estado, las regiones, provincias y municipios, con el objetivo de devolver al poder central ciertas competencias que se habían transferido a las regiones y la eliminación de las "provincias" como ente administrativo.
En la práctica, además de la eliminación de las provincias, se reduce la competencia legislativa de las regiones, que fueron ampliadas por las reformas de los años 1997 y 2001, principalmente en materia de política financiera, que asume el Estado.
Asimismo, se modifica el Artículo 48 de la Constitución y el Artículo 57 procediéndose a anular la representación que la circunscripción tenía en el Senado, manteniéndose la representación en la Cámara de Diputados.