El cese ha contado con el voto mayoritario de la Comisión Permanente del Congreso, de tal forma que 22 diputados respaldaron el informe final elaborado sobre Alarcón y secundaron su destitución. Ningún legislador voto en contra y sólo uno se abstuvo, según la agencia oficial Andina.
El responsable del informe, Marco Arana, ha solicitado también el inició de un proceso administrativo contra Alarcón y ha instado a la Fiscalía anticorrupción a analizar un presunto delito de blanqueo de capitales. En concreto, el documento cuestiona la conducta del contralor en cinco casos relacionados con su actuación como funcionario público.
En concreto, se le acusa de favorecer de forma indebida la contratación de una expareja que recibió 100.000 soles (unos 27.0000 euros) de indemnización al dejar el cargo, así como de presionar a un auditor que investigaba la compra-venta de vehículos cuando Alarcón era vicecontralor, entre otras irregularidades.
"Soy blanco de ataques masivos de medios de comunicación", ha esgrimido Alarcón, que asumió el cargo en junio de 2016 en principio para un periodo de siete años. El Gobierno deberá ahora proponer a un nuevo candidato para que sea sometido a la votación del Congreso.