Los acusados pedían una suma de cinco millones de euros en bitcoins a Lidl a cambio de descifrar la localización de los productos envenenados.
Para dar credibilidad a sus exigencias, habían colocado anteriormente botes de comida infantil contaminados con pesticidas en comercios de las ciudades de Dortmund y Wuppertal, aunque según se constató durante el juicio, la dosis de veneno no suponía un peligro real para la salud de los posibles compradores.
Los condenados se han declarado inocentes durante el juicio y se han acusado mutuamente de la responsabilidad del crimen.