El abogado de Shiferaw, Ameha Mekonnen, ha explicado al CPJ que el tribunal le ha condenado por tratar de incitar a terceras personas para "obstruir a un funcionario de llevar a cabo sus labores constitucionales".
Mekonnen ha explicado que la acusación se sustenta en una serie de mensajes privados a través de la red social Facebook en los que Shiferaw habría dicho a otro periodista y activista, Abebe Gellaw, que un "buen método alternativo de lucha" sería intervenir públicamente contra el ex primer ministro Meles Zenawi.
Shiferaw, que se enfrenta a una sentencia máxima de diez años en prisión, niega que esta comunicación tuviera lugar y su abogado ha asegurado que presentarán una apelación a la condena.
El periodista fue detenido sin cargos en diciembre de 2015 y su caso ha sido pospuesto en numerosas ocasiones. Finalmente se le imputó un delito en virtud de la legislación antiterrorista, si bien éste se redujo a un delito de obstrucción de las labores de un funcionario.
La coordinadora del programa para África del CPJ, Angela Quintal, ha asegurado que la determinación de la Fiscalía para encontrar un delito que imputarle al periodista es una muestra de la "desesperación" que existe entre las autoridades etíopes por "bloquear a los periodistas".
El CPJ ha venido denunciando la detención de periodistas en el marco de las protestas de la comunidad oromo desde finales de 2016.
LAS PROTESTAS Y EL ESTADO DE EMERGENCIA
Las autoridades etíopes declararon el estado de emergencia en respuesta a las protestas, aplicando unas restricciones que han alarmado a numerosas ONG internacionales.
El Gobierno etíope ha acusado a varios países de armar, entrenar y financiar a los participantes en las protestas del pueblo oromo contra las expropiaciones de tierras en los alrededores de la capital, Addis Abeba.
En concreto, el portavoz gubernamental, Getachew Reda, señaló a Eritrea, que mantiene una larga disputa fronteriza con Etiopía, y a Egipto, también enfrentado a las autoridades etíopes por la gestión de las aguas del río Nilo.
Más de mil integrantes de la comunidad Oromo han muerto en las regiones de Oromia y Amhara. Algunas ONG, como Human Rights Watch (HRW), aseguran que han sido objeto del acoso sistemático de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron tras la publicación de un informe de HRW sobre la situación en el país, lo que a su vez provocó una respuesta violenta de la Policía.