"El derecho de las víctimas a recibir compensaciones por las violaciones sufridas está claramente establecido en el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos y, cada vez más, en el Derecho Humanitario", ha declarado la coautora del informe, Miriam Puttick.
"Irak está ahora en un momento clave después de más de tres años de un conflicto destructivo y asegurar que se buscan responsables por las violaciones cometidas a lo largo de este periodo es la prioridad del país", ha señalado. "Las compensaciones deben ser el elemento central del proceso de rendición de cuentas debido a la posibilidad de que constituyan una desigualdad tanto simbólica como real en la vida de las víctimas", ha añadido Puttick.
El informe denuncia las graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Humanitario que han sufrido durante décadas millones de víctimas en Irak y subraya que el conflicto con Estado Islámico ha provocado el desplazamiento de más de 3,1 millones de personas, así como el asesinato de miles de civiles. Además, el documento refleja que se han lanzado campañas contra comunidades étnicas y religiosas.
El conflicto también ha supuesto daños en las propiedades privadas y en la infraestructura del país, lo que ha provocado que las instituciones estatales se hayan paralizado, por lo que es imposible que se proporcionen servicios básicos a los ciudadanos en algunas zonas del país.
El informe evalúa el plan de compensación actual de Irak, que ha pagado en los últimos años más de 420.000 millones de dinares iraquíes (unos 300 millones de euros) a las víctimas de "operaciones militares, errores militares y acciones terroristas".
El documento incluye sugerencias concretas, tanto al Gobierno iraquí como a la comunidad internacional, para proporcionar a las víctimas compensaciones adecuadas y efectivas y sostiene que la fase más reciente y compleja del conflicto plantea nuevos desafíos que requieren que se fortalezca el sistema de compensaciones existente.
Ambas organizaciones sostienen que las compensaciones importan, no solo porque puedan reparar el daño que han sufrido las víctimas, sino también porque, si están bien concebidas, brindan una experiencia transformadora a las mismas.
"Las compensaciones pueden empoderar, dignificar y devolver la voz a las víctimas, así como brindarles la oportunidad de convertirse en 'agentes de cambio social'", ha sostenido Puttick. "Los programas deben estar anclados dentro de un marco de justicia transicional, que implica responsabilidad judicial y búsqueda de la verdad", ha añadido.