Tras siete años de arduas negociaciones y dos semanas de sesiones maratonianas se lograba el acuerdo en torno a un negocio que cada año mueve 70.000 millones de dólares. El documento obligará a todas las naciones que lo ratifiquen a revisar todos los contratos de armamento para que las armas vendidas no sean utilizadas en países sometidos a embargo o que abusan de los derechos humanos. Con el nuevo tratado se trata de impedir también que armas convencionales sean usadas en ataques contra civiles o edificios que alberguen población civil, como colegios u hospitales. Rusia, uno de los mayores exportadores de armas, se ha abstenido. Moscú considera que el texto no regula debidamente la transferencia de armas a grupos rebeldes. El convenio entrará en vigor cuando lo ratifiquen como mínimo 50 países, un proceso que podría prolongarse unos dos años.