Emanuel, uno de los grandes aliados del ex presidente Barack Obama, ha realizado este anuncio dos semanas después de la amenaza vertida por el fiscal general del país, Jeff Sessions, quien avisó de la retirada de fondos a no ser que permitieran a las autoridades migratorias "acceso sin restricciones a las cárceles locales" y "avisar con 48 horas de antelación de cualquier excarcelación de personas buscadas por estatus de ilegal".
El mercurial alcalde de Chicago ha avisado en rueda de prensa que no tiene "ni la más mínima intención de que la Policía se convierta en el peón político de un debate". "Chicago no va a permitir que aislen y violen los derechos fundamentales de sus residentes. Y Chicago jamás dejará de ser una ciudad que da la bienvenida", ha aseverado.
Se da además la circunstancia de que Chicago está siempre en el punto de mira del presidente del país, Donald Trump, que ha elegido a la ciudad como símbolo del "crimen en las ciudades interiores" -- el eufemismo que emplea para describir la criminalidad entre las personas de raza negra --, por su elevado índice de delitos.
No obstante, el Departamento de Justicia también ha amenazado con aplicar la misma medida a otras "ciudades santuario" como Nueva York, Nueva Orleans, Filadelfia, Las Vegas, Miami, Milwaukee o el estado de California.
La denuncia de la ciudad expondrá que el Gobierno federal "no puede obligar a la policía local a que aplique funciones inscritas en la ley federal de inmigración", según el abogado Ed Siskel, uno de los letrados que presentará la queja.