El Gobierno burundés notificó el 26 de octubre de 2016 al entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, la decisión del país africano de salirse del TPI, como represalia a la supuesta parcialidad de la corte para perseguir únicamente a dirigentes africanos.
Tras el anuncio, el propio TPI lamentó la decisión de las autoridades de Burundi de salirse de la órbita de la corte y consideró que se trataba de "un paso atrás en la lucha contra la impunidad y en los esfuerzos hacia la universalidad del Estatuto (de Roma)".
La decisión de Burundi tuvo lugar meses después de que el tribunal abriera preliminar sobre Burundi, centrada en los asesinatos, encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas, violaciones y otras formas de violencia sexual.
El TPI señaló en abril de 2016 que la violencia política en Burundi había dejado unos 450 muertos y forzado a cientos de miles de personas a huir hasta esa fecha.
Poco antes del anuncio de Burundi, Sudáfrica anunció también el inicio formal del proceso de retirada del TPI, si bien revocó su comunicación de retirada en marzo de 2017, después de que el Tribunal Supremo del país fallara que la decisión era "inconstitucional".
La decisión del Gobierno sudafricano llegó después de varios fallos judiciales contra el Ejecutivo por no haber arrestado al presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, durante su estancia en el país en 2015 con motivo de la celebración de una cumbre de la Unión Africana (UA).
El TPI mantiene órdenes de detención contra Al Bashir por cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
De hecho, el TPI ha reclamado este mismo miércoles a las autoridades de Sudáfrica que comparezcan ante el tribunal el próximo 7 de abril por no detener a Al Bashir durante su visita al país, según ha informado un alto cargo del Gobierno.
En este contexto, Gambia anunció planes para retirarse del tribunal internacional, si bien Adama Barrow anunció que los retiraba tras llegar al poder al imponerse a Yahya Jamé en las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 2016.
HRW CRITICA QUE BURUNDI "ABRAZA LA IMPUNIDAD"
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha subrayado que la retirada de Burundi del TPI "es el último ejemplo de los lamentables esfuerzos del Gobierno para proteger a los responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos de cualquier tipo de rendición de cuentas".
"Reclamamos al TPI que adopte una postura progresiva a la hora de interpretar su jurisdicción para que las víctimas puedan tener un camino a la justicia", ha subrayado Param-Preet Singh, director asociado de Justicia Internacional de HRW.
El país africano está envuelto en una crisis política desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidiera presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional.
La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.
El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsi, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.
Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.