"Tomo nota de la introducción del decreto de emergencia 14 para retirar el decreto de emergencia 14. También he tomado nota de que el Gobierno ha dicho que no continuará la legislación cuestionada", ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, al término de la discusión colegial de comisarios sobre la situación en Rumanía.
"Seguiremos de cerca lo que ocurre en el Parlamento rumano", ha avisado el dirigente comunitario, que ha dejado claro que Rumanía no puede "transigir" en la lucha contra la corrupción ni dar marcha atrás en los progresos que ha hecho en los últimos años.
Timmermans ha dicho que la Comisión está dispuesta a ayudar al país a "deshacerse de la corrupción institucionalizada" y a "resolver algunas cuestiones" que puedan preocupar a Rumanía. "Por ejemplo, si temen la sobrepoblación en las cárceles rumanas, estamos a su disposición para mirar proyectos que mejoren las condiciones de vida en las cárceles", ha explicado.
Pero ha dejado claro que el país debe "continuar este lucha" contra la corrupción para llegar a "un punto de no retorno" tras resaltar los logros que ha hecho en los últimos años y garantizar que sus reformas son "irreversibles" y no ir "en la otra dirección".
Así, ha recordado que las autoridades del país están "en sus últimos metros" de la "maratón difícil" para lograr que la Comisión Europea ponga fin a la estrecha vigilancia a la que está sometida el país pero ahora "no deben dar la espalda a la línea de meta y correr en la dirección equivocada". "Es lo que quieren los rumanos, es lo que se merecen y estamos a su lado", ha remachado.
El Gobierno rumano aprobó por decreto una legislación para despenalizar algunos delitos de corrupción, que fue condenada por el presidente del país, Klaus Iohannis, y provocó manifestaciones multitudinarias, que han logrado que Bucarest dé marcha atrás en su polémico proyecto.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya avisó a Bucarest que debía "avanzar" en la lucha contra la corrupción y no desmontarla y admitió "gran preocupación" por la despenalización de la corrupción, al tiempo que dejó claro que tendría un impacto en la evaluación del Ejecutivo comunitario para determinar si el mecanismo de vigilancia al que está sometido el país "podría ser terminado de forma gradual".
Rumanía y Bulgaria están sometidos a una vigilancia estrecha por parte de la Comisión Europea en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación creado en 2007 para supervisar los progresos de ambos países en la independencia judicial y en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado ante la evidencia de que no cumplían los estándares cuando entraron en la UE.