Hace sólo dos semanas que el Parlamento Europeo instó a Bruselas a preparar un programa europeo "eficaz y global", que asegure instrumentos de protección fiables para estos denunciantes tanto en empresas como en organismos públicos y organizaciones sin ánimo de lucro.
"Los 'alertadores' pueden jugar un papel clave en la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude y la corrupción. Pero debemos medir con cuidado cuál es la mejor manera de avanzar y a qué nivel deberíamos actuar para protegerlos mejor", ha dicho al respecto la comisaria de Justicia y Protección del Consumidor, Vera Jourova.
El Ejecutivo comunitario espera que la consulta que arranca hoy y que se prolongará hasta finales de mayo le permita hacer "elecciones equilibradas" sobre los pasos a seguir.
La protección de estas personas que denuncian secretos comprometedores para empresas o intereses económicos "pueden ayudar a salvaguardar el interés público, promover la buena gobernanza y reforzar el Estado de derecho", según la Comisión.
En cualquier caso, Bruselas defiende que la Unión Europea ofrece mecanismos sólidos de protección en áreas clave, desde la auditoría hasta las reglas en materia de lavado de dinero y los servicios de secretos comerciales.