El Ejecutivo comunitario admite que "las organizaciones no lucrativas pueden estar expuestas a riesgos de ser utilizadas incorrectamente por motivos de financiación del terrorismo" y que el análisis sobre su vulnerabilidad es "complicado" al tratarse de un sector "caracterizado por una variedad de estructuras y actividades que presentan diferentes grados de exposición al riesgo" debido fundamentalmente a los diferentes marcos normativos y prácticas nacionales.
En algunos casos "pueden estar infiltradas por organizaciones terroristas o criminales que pueden esconder la propiedad bajo usufructo", dificultando la trazabilidad, o estar implicadas en "la financiación a y desde zonas de conflictos o a terceros países", admite el Ejecutivo comunitario en su informe.
"Los controles establecidos son más eficientes cuando se trata de la recogida de fondos dentro de la UE, lo que hace que el nivel de vulnerabilidades sea menor que en el caso de las transferencias de fondos o gasto fuera de la UE, donde persiste una mayor vulnerabilidad material", puntualiza.
"Los productos emergentes como las plataformas y monedas virtuales parecen estar significativamente expuestas a riesgos de financiación del terrorismo/lavado de dinero", alerta asimismo en su informe, en el que admite asimismo que los servicios 'FinTech' "también pueden abrir oportunidades para los criminales" y hace falta "más análisis" para entender los riesgos que podrán entrañar estos productos.
Aunque "terroristas y criminales todavía están intentando utilizar el sector financiero para sus actividades", el Ejecutivo comunitario concluye en su evaluación que el nivel de riesgo de financiación del terrorismo o lavado de dinero para el sector financiero "es moderadamente significativo debido a las medidas mitigadoras introducidas".
"Sin embargo, el riesgo del lavado de dinero sigue siendo significativo en ciertos segmentos del sector financiero, tales como la banca privada y la inversión institucional", especialmente a través de los 'brokers', admite el Ejecutivo comunitario, que también ve un riesgo "significativo" de financiación de terrorismo y de lavado de dinero respecto a los servicios de custodia seguros por la falta de control en las zonas no reguladas como las llamadas 'zonas libres' y el dinero electrónico y transferencias de remesas.
El Ejecutivo comunitario ve "problemático" de hecho aplicar las normas europeas para atajar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero a transacciones ocasionales "únicamente por encima de los 15.000 euros" dado que los criminales "pueden hacer transferencias menores a lo largo del tiempo".
Así, el Ejecutivo comunitario ha recomendado a los Veintiocho que "definan" un nivel "menor" para las transacciones ocasionales "para garantizar que es equiparable" al riesgo de financiación de terrorismo o lavado de dinero a nivel nacional, que deberán comunicarle.
"Un nivel similar al de las transacciones ocasionales para las transferencias de fondos pueden considerarse conmensurable a los riesgo, es decir, 1.000 euros", explica el Ejecutivo comunitario.
Bruselas ha instado a los Estados miembros a considerar "los riesgos que plantean los diferentes productos en sus evaluaciones de riesgo nacional" y a definir "medidas mitigadoras apropiadas", especialmente respecto a las empresas con muchos pagos en metálico. "Los Estados miembro deben definir medidas mitigadoras apropiadas tales como la introducción de límites a los pagos en metálico, sistemas de información de transacciones en metálico", apunta en su informe.
También les pide que incluyan de manera "apropiada" a las organizaciones no lucrativas en sus evaluaciones de riesgo a nivel nacional y sobre los productos de dinero electrónico. "Los Estados miembros deben tener en cuenta los riesgos que plantean los productos de dinero electrónico anónimos y deben garantizar que las excepciones a los límites son lo más bajo como posible, para evitar su mal uso", recomienda en su informe.
Asimismo, el Ejecutivo comunitario insta a los Estados miembro a desarrollar "herramientas adecuadas" para garantizar la identificación del usofructuario y que garanticen que los sectores "más expuestos" por esquemas de propiedad "opacos" sean supervisados "eficazmente", especialmente en el caso de intermediarios como los asesores fiscales, auditores, notarios o profesionales jurídicos independientes, así como el aumento de las inspecciones "in situ" en el sector financiero por parte de las autoridades supervisoras.
Precisamente este lunes han entrado en vigor las nuevas normas contra el blanqueo de capitales conocida como 4AMLD que refuerza la obligación de proceder a una evaluación de riesgos impuesta a los profesionales de la banca, abogacía y contabilidad entre otros y establece requisitos para las empresas respecto a la transparencia en la titularidad, información que se conservará en un registro central, disponible para las autoridades y, también, refuerza la capacidad de las autoridades competentes para imponer sanciones.
Las nuevas normas se extienden también además a los proveedores de servicios de apuestas, a comerciantes que aceptan pagos en metálico superiores a los 10.000 euros y a transacciones ocasionales que implican una transferencia de fondos que supere los 1.000 euros.