"Esperamos que Suiza cumpla sus compromisos respecto del acuerdo entre la UE y Suiza sobre la libre circulación de personas y la ratificación completa del protocolo de Croacia antes del plazo del 9 de febrero de 2017", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.
"Ley nos parece que va en la buena dirección. Es una buena señal que la ley ya no contempla introducir cuotas sobre la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea y que no prevé restringir su acceso al trabajo en Suiza al contrario de lo que preveía el primer borrador del texto", ha puntualizado el portavoz.
Schinas ha recordado que las autoridades europeas han venido trabajando con las suizas "para encontrar una solución concertada para permitir poner en marcha la iniciativa popular suiza contra la inmigración en masa (de 2014) pero también que respete el compromiso del acuerdo de libre circulación con la UE".
En todo caso, ha dejado claro que lo importante ahora es ver cómo se aplicará la ley en la práctica. "Pero de una ley solo vale su aplicación", ha alertado.
En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario procederá ahora a evaluar "en profundidad" la ley suiza "en los próximos días" en consultación con los Estados miembro y mantendrán una primera discusión con las autoridades suizas en una reunión prevista el 22 de diciembre, ha explicado.
El presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, y el presidente suizo, Johann Niklaus Schneider-Ammann, mantendrán un primer contacto ya este viernes "para intercambiar sus evaluaciones iniciales de la ley y discutir las próximas etapas".
El Ejecutivo comunitario ha rechazado "especular sobre consecuencias eventuales" para Suiza si no vota el Protocolo sobre Croacia, el último país que entró en la UE en 2013 para extender los beneficios de la libre circulación a los ciudadanos croatas, aunque Bruselas ya ha dejado claro que no podrá beneficiarse de programas comunitarios como el de ayudas a la investigación Horizonte 2020 si no lo ratifica.
La nueva ley suiza, que persigue fomentar la contratación de locales, no supera los límites máximos de la inmigración que los votantes suizos decidieron en un referéndum celebrado en 2014. La mayoría de los legisladores en el Parlamento temían que restringir la libre circulación de personas podría poner en peligro el acceso de Suiza al mercado único de la UE.