En su comunicado, Ban ha condenado la violencia y ha reclamado a los líderes políticos y sus seguidores que "eviten cualquier nuevo caso de violencia que pueda exacerbar la situación".
Asimismo, ha pedido a las autoridades de RDC que "garanticen que las fuerzas de seguridad ejercen la máxima contención en respuesta a las protestas".
En este sentido, el jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en RDC (MONUSCO), Maman Sambo Sidikou, ha recalcado que todas las partes "deben ceñirse a la Constitución, incluyendo la libertad de expresión pacífica".
Las manifestaciones, que han tenido lugar en la capital del país, Kinshasa, han sido convocadas por las fuerzas de la oposición en contra del presidente, Joseph Kabila, al que acusan de intentar mantenerse de forma ilegítima en el Gobierno después de más de 15 años en el poder.
"Oficialmente, ha habido 17 víctimas mortales en Kinshasa: tres policías y 14 civiles", ha declarado un portavoz del Ministerio del Interior, Claude Pero Luwara.
De acuerdo con varios testigos presenciales, al menos dos de los agentes muertos fueron linchados y quemados vivos por los manifestantes, enfurecidos por la violenta represión policial.
Las protestas no sólo se han producido en la capital, Kinshasa, sino que también han tenido lugar en las ciudad de Goma, Bukavu y Beni. En 2015, decenas de personas perdieron la vida en manifestaciones muy similares a las que han ocupado las calles de Kinshasa en los últimos meses.
El mandato de Kabila como presidente del Gobierno expira el próximo mes de diciembre y la Constitución congoleña le prohíbe volver a presentarse a las elecciones. Kabila accedió al poder en el año 2001, después de la muerte de su padre, el expresidente Laurent-Desilé Kabila. Desde entonces, ha ganado dos elecciones presidenciales.
La oposición denuncia que Kabila pretende extender su mandato todo lo posible a base de retrasar de forma indefinida las elecciones. El pasado sábado, las fuerzas opositoras mostraron su indignación cuando la Comisión Electoral congoleña, que obedece al Gobierno de Kabila, solicitó al Tribunal Constitucional de RDC que pospusiera los comicios presidenciales de diciembre.