En su comunicado, ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y su deseo de que las autoridades identifiquen y detengan a los responsables del ataque.
Asimismo, ha pedido a todas las partes que respeten sus responsabilidades para mantener la paz y la estabilidad en Cachemira, resaltando que "comparte las preocupaciones de la gente que vive en la región".
El ataque de Uri ha sido el más grave contra el Ejército indio en Cachemira en los últimos 26 años. En la base hay unos 12.000 militares y su principal función es vigilar la Línea de Control que funciona como frontera entre las partes de Cachemira bajo control indio y paquistaní.
Este ataque llega en un momento de mucha tensión en la región de Cachemira, que tiene una mayoría de población musulmana y en la que se suceden las manifestaciones tras la muerte de un comandante separatista el 8 de julio.
Al menos 78 civiles han muerto y varios miles han resultado heridos en enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad indias, que han sido criticadas por los grupos de defensa de los Derechos Humanos por la violencia con la que actúan contra los manifestantes.