Los ataques han tenido lugar de forma coordinada en tres provincias --Songkhla, Narathiwat y Pattani--, ataques que han ido desde incendios de gasolineras y cajeros automáticos hasta ataques contra postes de energía, pasando por abrir fuego directamente contra personal de seguridad.
En la provincia de Songkhla --donde han tenido lugar cuatro ataques--, dos guardias de seguridad han muerto en un tiroteo en el distrito de Chana, mientras que otras tres personas han resultado heridas en un ataque contra un cajero ubicado frente a una gasolinera en Thepa, según informa la cadena Thai PBS.
En Pattani, donde más ataques se han registrado, los insurgentes han atacado con explosivos varios postes eléctricos, y han atacado con bombas dentro de una tienda de una gasolinera en el distrito de Yaring.
En la misma provincia han quemado neumáticos, han atacado una base de los Rangers y han detonado varios postes eléctricos, provocando apagones en varias áreas de la región.
En un ataque contra un grupo de veteranos de guerra en el distrito de Muang, una tercera persona ha muerto. Esta ha sido identificada como Thanapol Kaewphet, de 23 años, del Quinto Batallón de Infantería.
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría de los ataques, si bien las autoridades apuntan a la insurgencia que se ubica principalmente en el sur del país.
Las autoridades han confirmado que al menos se han registrado doce incidentes violentos durante la noche y la madrugada del jueves, según ha informado el diario 'Bangkok Post'.
VIOLENCIA EN EL SUR
Estas tres provincias sufren la violencia de una insurgencia que ha matado a más de 6.500 personas desde 2004. Esta región formaba parte del sultanato malayo hasta su anexión a Tailandia hace un siglo.
Durante más de una década, el país ha vivido una grave crisis política, que comenzó con el golpe de Estado de 2006 que puso fin al mandato del entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra, y que se agravó en 2014 cuando el jefe del Ejército, el general Prayuth Chan Ocha, derrocó al Gobierno de su hermana Yingluck, que había sido cesada como primera ministra días antes por decisión del Tribunal Constitucional.
La junta militar ha restringido las libertades civiles y los derechos fundamentales y ha impulsado una Constitución que refuerza el papel de las Fuerzas Armadas y su control sobre el poder civil, a la espera de que se celebren unas nuevas elecciones democráticas en 2017.