La mandataria se ha referido en concreto a los numerosos piquetes que han funcionado en los centros neurálgicos de la actividad laboral de las principales ciudades. "Los argentinos tenemos que tener libertad de elegir en todos los ámbitos, también si queremos trabajar o no", ha subrayado.
Así, la dirigente se ha pronunciado en contra de la "presión" ejercida desde las centrales sindicales. "El derecho a huelga es sagrado, pero también es sagrado que el trabajador pueda decidir qué hacer. La voluntad de los trabajadores no puede ser dominada por nadie", ha insistido.
Además, ha instado a las organizaciones gremiales a "estar más preocupadas por defender las fuentes del trabajo, que es el gran desafío que tienen los argentinos en un mundo que se derrumba", según informa la agencia de noticias Télam.
En este contexto, Fernández de Kirchner ha advertido a las centrales sindicales que, según ella, pretenden derrocar su Gobierno. "A mí no me corre nadie y menos con amenazas o con matones. No me van a correr con eso. Voy a bancar (aguantar) lo que tenga que bancar", ha sostenido.
Primera huelga general en una década
Argentina ha vivido este martes la primera huelga general en una década para protestar por la pérdida de poder adquisitivo de la población a causa de la gestión gubernamental. El último paro de estas características fue el de diciembre de 2002, cuando la tasa de paro rondaba el 21 por ciento.
La huelga general ha sido convocada por la Confederación Central del Trabajo (CGT), el principal sindicato, y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La mayoría de las organizaciones gremiales y de los partidos opositores de izquierda han respaldado la protesta. Sin embargo, se han desmarcado los sindicatos industriales, afines al Gobierno.
Los huelguistas reclaman una subida del salario mínimo, de las pensiones de jubilación y de las ayudas sociales, así como la eliminación del impuesto sobre los ingresos de los trabajadores, para contrarrestar el alza del coste de la vida.
Las organizaciones convocantes atribuyen la pérdida del poder adquisitivo sufrida por gran parte de la ciudadanía a una inflación que, según economistas privados, rondará este año el 25 por ciento. El Gobierno sólo reconoce una subida de precios de alrededor del 10 por ciento interanual.