Se sigue pendiente del destino de los piratas somalíes detenidos por militares españoles en el océano índico. Un asunto político, con implicaciones judiciales e internacionales indudables. El Gobierno quiere entregarlos a Kenia e impedir, por tanto, que el juez Andreu fuerce por razones legales su puesta en libertad.
El secretario general de Política de Defensa, Luís Cuesta, ha afirmado que espera "poder empezar a aplicar muy pronto el acuerdo con Kenia, de manera eficaz y con todas las garantías". Así ha manifestado su desacuerdo con la postura que mantiene el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, sobre el que recayó el caso, que se niega a la entrega de los detenidos a Kenia y ordena su puesta en libertad. Según Cuesta, "el Gobierno ha impulsado la reintroducción del delito de piratería" en el Código Penal español porque no existía "para dar cobertura jurídica a la entrega de las personas que hayan cometido actos de piratería, en aguas territoriales de Somalia o en alta mar, a terceros país".
Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha defendido también que "lógicamente" los piratas detenidos el miércoles por el buque español 'Marqués de la Ensenada' no pueden quedar en libertad. Argumenta que existen indicios "más que suficientes" de que han cometido un delito de piratería "muy grave".
El portavoz socialista ha instado a apostar, además, por reforzar el Tribunal Penal Internacional, que en su opinión es la instancia y la "línea de actuación" en mundo globalizado. "Allí se cometen crímenes internacionales muy serios". "España y otros país tienen que ir por una vía política y jurídica muy clara", ha sentenciado.