El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acumula 582 sentencias contra el gobierno Camps por vulnerar los mecanismos de contratación pública a los que le obliga la ley.
La Consellería de Sanitat ha burlado los procedimientos de contratación pública para otorgar 'a dedo' contratos de suministro de médico a determinadas empresas, evitando los concursos y subastas a los que obliga la legislación. Con ese procedimiento, el gobierno Camps puede haber eludido el control parlamentario y la fiscalización de un 15 por ciento de su presupuesto.
Según las 582 sentencias a las que ha tenido acceso Noticias Cuatro, el gobierno valenciano "sigue un sistema ilegal" que, según el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, da lugar a "enriquecimientos sin causa o injustificados".
Pagar mal y tarde
Además, las sentencias tienen que ver con la morosidad de la Consellería Valenciana de Sanidad, por pagar tarde y mal a sus proveedores. En las 582 sentencias se le condena a abonar elevados intereses por el retraso. Algunas de ellas ascienden incluso a 200.000 euros.
Los retrasos en el pago se han convertido así en norma de actuación de la Generalitat, hasta el punto de que el gobierno valenciano no ha recurrido ninguna de ellas. Así, la deuda de la sanidad valenciana asciende a 52 millones de euros sólo en intereses de demora, el 90 por ciento del total de la Generalitat.
Fuentes del Tribunal aseguran que la Generalitat no ha recurrido ninguna de esas 582 sentencias como parte de un pacto con sus proveedores afines, que le permite pagar un sobreprecio.