Así lo ha confirmado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias".
Además, Esteban ha señalado que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.
Hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo.
Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.
Las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar.
El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.