En una entrevista con Europa Press, Jiménez Barrios ha destacado que el Gobierno en funciones no quiere acudir al Congreso a dar explicaciones pero "no tiene reparo" en aplicar cuestiones "tan difíciles" de entender como ésta, el envío de cartas en las que reclama la disolución de empresas municipales.
Tras insistir en que éste es "uno más de los ataques de una larga lista" diseñada por el PP, Jiménez Barrios ha recordado que dicha petición se enmarca en la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración pública, aprobada por el gobierno del PP, una norma recurrida por un número elevado de autonomías y de ayuntamientos.
El vicepresidente de la Junta, que ha destacado que la citada normativa ha sufrido "importantes varapalos judiciales", entre ellos en Andalucía y en Extremadura, ha dicho no entender cómo el Gobierno de España en funciones pretende ahora cerrar empresas públicas porque no han cumplido con el objetivo de regularizar sus cuentas, "algo que también le ha ocurrido al Ejecutivo nacional".
"El Gobierno de Rajoy pretende obligar a los ayuntamientos a que cierren instrumentos públicos tan importantes como empresas deficitarias en la sanidad, la educación, o la prestación de servicios como el agua, entre otros", ha afirmado Jiménez Barrios, quien ha advertido de que el PP debe ser consciente de que "éste no es el momento adecuado para hacer esta petición".
En su opinión, el Gobierno en funciones debería aprovechar para pensar cómo se financian adecuadamente a los ayuntamientos que han cumplido "sobradamente" con su objetivo de déficit. "Hay que recordar que la administración pública local en su conjunto es la que ha obtenido superávit, mas allá de la casuística de lo que ocurra con determinados ayuntamientos", ha añadido.
Así, tras expresar que las corporaciones locales han hecho "los deberes globalmente", el número dos del Gobierno andaluz ha considerado que esta "nueva vuelta de tuerca y este nuevo ataque" a lo que significa la representación mas directa de los ciudadanos "no se entiende y menos con un gobierno en funciones".
TORREMOLINOS, UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE HAN RECIBIDO LA CARTA
Jiménez Barrios ha destacado que Torremolinos (Málaga) es uno de los ayuntamientos a los que el Ministerio de Hacienda ha solicitado la disolución de la sociedad mercantil, de capital íntegro municipal, Consorcio de Gestión y Explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol.
"Y éste no va a ser el único, vamos a ver una larga lista de peticiones a ayuntamientos para que cierren sociedades públicas importantes", ha advertido Jiménez Barrios, quien se ha preguntado si "va a obligar también a cerrar el transporte público municipal, cuando en la mayoría de municipios es deficitario".