El vicepresidente primero del Parlamento catalán, Lluís Maria Corominas, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet (JxSí), comparecen la mañana de este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como investigados por un supuesto delito de desobediencia al no haber paralizado una resolución independentista en la Cámara catalana.
Lo harán arropados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, varios consejeros de su Gobierno y diputados de JxSí, la CUP y SíQueEsPot, que repetirán su apoyo a los investigados a las puertas del Palau de Justícia, igual que hicieron el lunes --dentro de la misma causa y por el mismo supuesto delito-- con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera, Anna Simó.
La magistrada Maria Eugènia Alegret ha citado a las 9 horas a Corominas y a las 11 horas a Barrufet, aunque la declaración de esta última podría adelantarse si transcurren con la misma rapidez que las del lunes, cuando Forcadell y Simó comparecieron durante apenas 20 minutos.
DESPUÉS DE FORCADELL
Forcadell y Simó se negaron a contestar a las preguntas del fiscal Francisco Bañeres y sólo accedieron a responder a su abogado, con lo que está por ver si Corominas y Barrufet, a las que defiende otro letrado, toman la misma decisión.
La presidenta del Parlament reclamó en su comparecencia a la magistrada y al fiscal que defiendan su inviolabilidad parlamentaria como garantía de la separación de poderes e hizo un alegato en favor de su inviolabilidad, en parecidos términos a lo que alegó Simó.
Forcadell defendió que no "transgredió" el mandato del Tribunal Constitucional al permitir que se votara la resolución aprobada el 6 de octubre de 2016, porque, según ella, se había limitado a recoger lo que se había abordado y debatido en el pleno de la Cámara catalana durante el Debate de Política General.
Precisamente este es el punto donde pivota el caso y es lo que dilucidará si hubo desobediencia: si la Mesa debe permitir todos los debates o debe establecer un veto en determinadas cuestiones, como en este caso en el que hay un mandato del TC, según fuentes judiciales.
Se trataría de dirimir si la Mesa hace un mero control formal de los debates y resoluciones o si tiene un poder de fiscalización sobre la naturaleza de los temas que se abordan y puede impedir algunos.
LA RESOLUCIÓN
Esa resolución insistía en la capacidad de Cataluña para la autodeterminación, instaba al Govern a celebrar un referéndum vinculante "con una pregunta clara y de respuesta binaria", ponía un límite para su celebración y creaba una comisión para el seguimiento del proceso de autodeterminación, entre otros puntos.
Para junio, quedará pendiente la declaración ante el tribunal del secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), a quien el TSJC ha decidido citar también como investigado pese a que la querella de la Fiscalía no se dirigía contra él.