En un comunicado conjunto, consideran que Cataluña necesita recuperar la normalidad social, política y económica, y que las elecciones son un paso más para abrir un camino que resuelva la situación de una manera política.
Por ello, advierten de que es un "error interferir jurídicamente en este proceso y hacerlo con la desproporción con la que se ha hecho", y defienden que es momento de rebajar tensiones y utilizar el diálogo y la negociación para alcanzar acuerdos.
Así, abogan por abordar los problemas políticos desde la política y no desde la judicialización, tras considerar que el fiscal general del Estado ha alegado "causas jurídicamente cuestionables y utilizando argumentos desproporcionados" en las causas abiertas contra miembros del Govern cesados y contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
"Esto significa un golpe muy fuerte a la tensión de un conflicto tan complejo como este", han apuntado ambos sindicatos, que creen que las administraciones catalanas funcionan con normalidad y sin resistencia evidente tras la aprobación del artículo 155 de la Constitución, y tras constatar que los partidos catalanes y el mismo presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, han aceptado concurrir a las elecciones del 21-D.