Para el sindicato, la judicialización del proceso político "no hace más que agravar las tensas relaciones entre Cataluña y el Estado español", y ve un grave error la condena contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9N.
Tampoco entiende la actuación penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y parte de la Mesa de la cámara catalana por permitir votaciones sobre el proceso constituyente y el posible referéndum.
A su parecer, la única vía es "la política, el diálogo y el entendimiento respetando la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos y la soberanía del Parlament", por lo que insta al Gobierno central a abandonar la vía judicial y abrir una etapa de diálogo que conduzca a una solución.
Para UGT, esto pasa por que los ciudadanos de Cataluña ejerzan su derecho a decidir "cuál debe ser el modelo de sociedad y la relación de Cataluña con el Estado".