El pacto debe ser aún ratificado por los gobiernos europeos y por la Eurocámara, probablemente en marzo del próximo año, y una vez en vigor los países tendrán un plazo de dos años para trasladar las nuevas reglas a sus legislaciones nacionales.
"Este acuerdo aumenta la seguridad", ha explicado la eurodiputada responsable de las negociaciones con el Consejo, Barbara Weiler, porque prevé también reducir la burocracia de los compradores al tiempo que se aumentan los controles del mercado.
Weiler también ha destacado el acuerdo para obligar a los fabricantes a que sus teléfonos móviles sean compatibles con un cargador de batería universal, "pese a las dudas iniciales del Consejo y la Comisión", porque de ello se beneficiarán los consumidores.
Esta exigencia se enmarcará dentro de un paquete mayor de normas para los equipos radioeléctricos -como los mandos para abrir las puertas de los coches y los modems-, con las que se pretende armonizar normas, garantizar que unos aparatos no interfieren unos a otros y que todos cumplen con los estándares básicos en materia de salud y seguridad.