Además de cargos relacionados con el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, el informe apunta a que en el consejero delegado de Ciegsa en esas fechas, Máximo Caturla, "convergerían" los intereses de altos cargos de la Generalitat, como el director de Régimen Económico de Educación, Alejandro Bañares; el exconseller de ese departamento, Alejandro Font de Mora; el exconseller de Economía, Gerardo Camps y el exvicepresidente, Víctor Campos, ambos considerados como "personas encargadas de controlar las grandes adjudicaciones y gestionar el dinero B del partido", y el propio expresidente del Consell, Francisco Camps, que "tendría conocimiento en gran parte de los hechos" en los que los anteriores participarían.
Así consta en el documento que obra en la pieza principal del conocido como caso Imelsa, a la que ha tenido acceso Europa Press y sobre la que se ha levantado el secreto de sumario, en la que el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
En el documento, el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO apunta a que, a falta de practicar nuevas diligencias, parece que "al menos" entre 2004 y 2007, desde Ciegsa "se habría estado financiando al PP tanto a nivel regional como en la provincia de Valencia, así como enriqueciéndose a título particular la mayoría de las personas que participarían en la consecución de esa estrategia de financiación".
Para ello, la Guardia Civil sostiene que se habrían establecido o mantenido prácticas en los procedimientos de contratación "con el objetivo de poder dirigir las adjudicaciones de contratos a empresarios y solicitarles contraprestaciones económicos por dichas adjudicaciones, que según los indicios analizados, rondarían entre un dos y un tres por ciento del presupuesto de adjudicación".
INDICIOS
Los investigadores llegan a este resultado tras analizar los indicios obrantes en la causa como las conversaciones telefónicas intervenidas --"donde queda patente la voluntad de los partícipes y la discrecionalidad en las adjudicaciones con fines recaudatorios"--; los informes de la Sindicatura de CuEntas que ponen de manifiesto "deficiencias" de los procedimientos o la declaración del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, quien realizó una comparecencia autoinculpatoria y a quien la UCO define como "excelente conocedor del funcionamiento institucional y político" de la Comunitat.
Según la UCO, en 2004, el que fuera presidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, "se habría rodeado de sus cargos más importantes en el partido y estrechos colaboradores" para intentar gobernar la Diputación: Juan José Medina, vicesecretario del partido; Emilio Llopis, encargado de la coordinación de las comarcas; Vicente Betoret, secretario general provincial y Marcos Benavent, secretario de comunicación del partido.
INTERMEDIARIO
En algún momento, consta en el informe, Rus pone en contacto a Marcos Benavent con Máximo Caturla, secretario de Política Económica del PP, secretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa. A partir de ese momento, Benavent "comenzaría a intermediar" entre Caturla y Rus para "recaudar dinero, negociadno y cobrando comisiones ilegales a empresarios como contraprestación de contratos adjudicados desde la empresa pública", para financiar al partido y para enriquecimiento personal de quienes intervienen en esa estrategia.
De acuerdo con Benavent y lo extraído de las conversaciones, estas personas se reunían en comidas donde eran entregadas en bolsas cantidades de dinero en efectivo procedente de las comisiones cobradas a los empresarios. Según la UCO, Rus decidía el destino y Medina sería el encargado de administrar los fondos y en alguna ocasión de hacer pagos en B para actos relacionados con el partido.
Además, sostienen que Caturla habría contratado en Ciegsa a personas cumpliendo órdenes de Rus con el fin de que trabajaran a tiempo completo para el PP provincial y favorecer a personas "afines" que se habrían quedado sin trabajo.
La "supuesta estrategia" de recaudación a nivel autonómico y provincial generó "en determinados momentos cierto conflicto de interés" y estaría "consentida" y "consensuada", con "indicios de correspondencia entre ambas". La UCO sostiene que con los fondos recogidos en el PPCV, se habrían financiado el PP de Alicante, Castellón y Valencia, con mayor necesidad de recaudar en esta última provincial Para ello, Víctor Campos habría entregado dinero B a Rus y pagado un congreso provincial
"DISCRECIONALIDAD"
La UCO apunta a la "total discrecionalidad" a la hora de decidir las adjudicaciones, "condicionadas por el interés recaudatorio y las influencias de terceras personas". Como ejemplo, señala la adjudicación del IES número 4 Mediterráneo de Torrevieja a Cleop; u otra obra a Construcciones Luján por "influencias" de Alejandro Bañares y del propio conseller Font de Mora.
Los investigadores de la Guardia Civil constatan la "manifiesta falta de control" y además posiblemente "intencionada" con la que Ciegsa habría actuado y el "interés" por controlar las adjudicaciones y el cobro de comisiones por altos cargos de la Generalitat. Para la UCO, resulta "inversosímil" que todos los aspectos relacionados con la gestión de fondos públicos y de la que se deducen "enormes sobrecostes fueron solamente atribuibles a la injerencia de Rus.