La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ve "perversión" en los concursos de las ferias de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, así como un enriquecimiento injusto por parte del grupo de Francisco Correa con la ayuda y aprobación de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez --de la época de Francisco Camps-- y de su entonces jefe de gabinete Rafael Betoret.
El tribunal, en una sentencia de cerca de 600 páginas hecha pública este viernes y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo, arroja luz al funcionamiento de Turismo con contrataciones de Fitur y a sus relaciones con los cabecillas de Gürtel. Se trata de la primera resolución del caso Gürtel --la pieza tres-- que podría afectar al resto de piezas --cinco-- que se instruyen o juzgan en Madrid.
En resumen, así funcionaba el entramado: el grupo Correa utilizaba sus influencias con el PP para "pervertir" los procesos de contratación de la Administración pública valenciana. Las empresas de la trama disponían de la documentación de las ediciones de Fitur antes de que se hiciera pública la convocatoria oficial. La iban preparando, hacían anotaciones a la conselleria para que modificaran algunos aspectos, concurrían y se les adjudicaban las ferias.
Por estas ediciones, la trama se enriqueció con fondos públicos valencianos --concurriendo a las convocatorias de manera desleal-- y aumentó sus ingresos facturando gastos "extras" cuando la mayoría de ellos ya estaban incluidos en los objetos del contrato, tales como material, uniformes para los integrantes de los 'stands' o reportajes fotográficos.
Y, además, a esta forma de operar se unen "claros sobrecostes" debido a sucesivas subcontrataciones entre empresas del mismo grupo, lo que hace aplicar "márgenes disparatados", así como el "juego" de cobrar dos o más veces conceptos idénticos o sencillamente inexistentes. En general, las facturas no detallaban los conceptos por los que se giraban, y menos aún los importes correspondientes.
En total, esto es lo que facturó y ganó la trama: se llevaron de los fondos públicos valencianos un total de 5.696.428,33 euros, de los que 23.733,60 euros los cobraron de manera indirecta mediante una comisión de un catering. De esta cantidad, 1.937.957,98 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 276.812,68 a sobrecostes o duplicidades durante las ediciones de Fitur de 2005 a 2009.
GRUPO FCS Y FITUR
El Grupo FCS es una organización liderada por Francisco Correa y "estructurada formalmente" por un conjunto de sociedades, entre ellas Orange Market S.L., creada en Valencia en julio de 2003 "como instrumento de la extensión al ámbito de la Comunitat de la actividad de la organización" para aprovechar las posibilidades de negocio que los miembros de la trama tenían con políticos de la Comunitat. En esta mercantil, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', intervino "activamente", ya que "mantenía estrechas y fluidas relaciones importantes con cargos públicos y políticos" de la autonomía valenciana.
Por su parte, la Conselleria de Turismo nació en agosto de 2004 y el organismo estuvo presidido desde el comienzo por Milagrosa Martínez --también exalcaldesa de Novelda y expresidenta de las Corts Valencianes--. En junio de 2008 le sustituyó Angélica Such.
Con la llegada de Milagrosa Martínez a Turismo y el nombramiento de su jefe de gabinete, Rafael Betoret, comenzaron los cambios en las ediciones de Fitur y la unificación en un solo contrato tanto del diseño como de la fabricación, montaje, almacenaje y desmontaje del 'stand', "alterándose también los criterios de adjudicación para dar preferencia ahora a los de índole subjetiva".
Desde ese momento, y aprovechando las relaciones de Pérez con Martínez y Betoret --sobre los que el TSJCV considera que existía una relación "fluida y estrecha"--, existió un conocimiento "anticipado y privilegiado" de las condiciones de los concursos de Fitur por parte de la trama y se adaptaron las mismas a su convivencia --existen correos electrónicos que lo acreditan--.
El resultado de estas "manipulaciones" fue la configuración de unas condiciones de los contratos de Fitur y de otras ferias con la finalidad de asegurar una adjudicación que diese apariencia formal de obtención de contratos mediante procesos licitatorio. Pero esta forma de proceder estaba así "viciada", advierte el tribunal, puesto que no existió condiciones de igualdad entre los ofertantes a los concursos.
Así mismo, se incumplieron las condiciones fijadas en los diferentes concursos de turismo y en la normativa administrativa puesto que hubo subcontratación de empresas --todas ellas dentro del mismo grupo Correa-- para realizar los trabajos en Fitur. "Los trabajos efectuados en estos concurso fueron acometidos con los mismos medios materiales y personales existentes en el resto de empresas de la organización del grupo Correa domiciliadas en Madrid", advierte el tribunal.
Esto fue posible por la "connivencia" y con la participación de los miembros de la trama y de Martínez y Betoret. Tras las ferias, se emitían facturas para cobrar con conceptos no detallados, y menos aún los importes. Con ello, se produjo ese enriquecimiento injusto por parte de la trama investigada.
SUCH Y BOVER, ABSUELTOS
Respecto al papel que desempeñó la exconsellera Angélica Such en este caso --que ha resultado absuelta--, el tribunal recuerda que asumió el cargo de consellera de Turismo en el año 2008 y firmó una edición de Fitur en favor de la trama. Estima que aunque resulta "ciertamente sospechosa" su gestión, ve dudas "razonables" en cuanto a que tuviera una "activa y consciente" participación en las irregulares contrataciones y en su posterior anómala facturación.
Así mismo, expone que se baraja la posibilidad de que pudo haber "confiado en su personal" y haberse "dejado llevar" por lo que se entendía que era la forma habitual de proceder en la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) en ediciones anteriores. Lo cierto es que, añade, "en Such existe un total distanciamiento del equipo técnico, no constan ninguna injerencia o relación más allá de la estrictamente orgánica".
Por su parte, el técnico Juan Bover, también absuelto, fue imputado por haber redactado un informe jurídico en el que se acogía el previo informe redactado por el equipo técnico en el que se unificaban los contratos de Fitur y se daba preferencia a los aspectos subjetivos.
Sobre el mismo, el tribunal señala que existe una "duda razonable" de hasta qué punto ello puede obedecer a un ánimo de colaborar con la manipulación del proceso de contratación "o sencillamente constituir una manifestación más de la incertidumbre existente en todo el periodo de cambios, especialmente cuando se trata de modificación del criterio hasta el momento vigente".