El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado un auto en el que establece un plazo de dos meses para que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat establezca las medidas necesarias para incluir el castellano "como lengua vehicular" en el sistema educativo, ha informado este viernes el tribunal.
En concreto, el TSJC estima que la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece el castellano "como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto al catalán", por lo que pide a la Conselleria que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento y que informe de las mismas.
Sobre esta resolución cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días, después de que el auto fuera acordado el 28 de julio -el mes de agosto está considerado inhábil-.
El Gobierno catalán recurrirá la sentencia
La consejera de Enseñanza de la Generalitat catalana, Irene Rigau, ha anunciado que el Govern presentará un recurso contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se ha mostrado convencida de que no será necesario cambiar el modelo actual.
"Con este recurso tendremos la posibilidad de dar nueva y más información que justifique que no hace falta este cambio" de modelo, ha explicado Rigau en rueda de prensa, para lo que tienen de plazo hasta el miércoles, ha precisado.
Ha señalado que el recurso se presenta desde el máximo respeto institucional y "en estrictos términos de defensa", si bien no ha desvelado qué hará la Consejería si el TSJC no acepta su recurso, al entender que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha avalado en el pasado el modelo actual.
Críticas de sindicatos y asociaciones de padres
Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos han criticado duramente este viernes el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establece un plazo de dos meses para que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat adopte las medidas necesarias para incluir el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán.
La portavoz de CC.OO., Montse Ros, ha subrayado que el modelo actual cuenta con el consenso de la sociedad catalana.