En la explosión, registrada en mayo de 2013, fallecieron los brigadas Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román, así como el sargento José Francisco Prieto González. Todos eran desactivadores de explosivos y tenían amplia experiencia en misiones internacionales. Además, en la deflagración, resultaron heridos una cabo primero y un sargento.
La sentencia del Supremo, consultada por Europa Press, se aviene a las conclusiones del Tribunal Militar Territorial Segundo y concluye que la decisión adoptada por el capitán no incumplió ninguna norma o deber al ordenar el depósito momentáneo de los proyectiles en la nave del SEDEX, entretanto se gestionaba su devolución al polvorín, "de lo que se colige que la decisión fue adecuada y razonable atendiendo a las circunstancias", según remarca.
Para la Sala, el auto recurrido razona y motiva de manera minuciosa como los hechos investigados no son constitutivos de delito, por lo que rechaza que tengan encajen en un delito contra los deberes del mando o contra la eficacia del servicio porque la decisión del entonces teniente, ahora Capitán, de depositar la munición que sobró de la práctica en la nave del Sedex "no fue la causa de la detonación del proyectil".
Según los hechos relatados en dicho auto, el 20 de mayo de 2013, la Sección de Desactivación de Explosivos de la compañía de Zapadores de la Brigada de la Legión realizó unos ejercicios de práctica en dichas instalaciones, tras la que los miembros de la Sección depositaron en el polvorín uno de los proyectiles que no se utilizó en la práctica para utilizarlo en otros ejercicios previstos tres días después. El brigada Velasco Román retiró la espoleta del proyectil como medida de seguridad y cuando, con la ayuda del sargento Prieto González, quitó el multiplicador con unos alicates y un destornillador para tirar de la cinta metálica, se produjo la explosión del mismo.