El magistrado Francisco Monterde, instructor del caso Imbroda ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones porque, según recoge el auto, la iniciativa para la designación del letrado no surgió de Juan José Imbroda sino de uno de los consejeros de Melilla, Además, señala que hay dudas interpretativas sobre la naturaleza del contrato entre el letrado y la ciudad autónoma y, por tanto, si era necesario o no tramitar el correspondiente procedimiento administrativo de contratación.
La ciudad autónoma pagó entre 2001 y 2010 395.000 euros a un abogado externo para que llevara pleitos laborales de la ciudad.
El presidente de Melilla y senador del PP había pedido el archivo de las actuaciones al juez el pasado 23 de marzo.