La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este lunes libertad con medidas cautelares tales como comparecencias quincenales y retirada del pasaporte, para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, según indica en un auto en el que precisa que su actuación en los hechos del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona "no aparece lo suficientemente perfilada" hasta el punto de vincularle directamente con los incidentes.
No obstante la magistrada le recuerda que se trata de hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición, penado con hasta diez años de prisión, y que existen elementos que vinculan al jefe policial con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.
PENDIENTE INVESTIGAR "PASIVIDAD" MOSSOS 1 DE OCTUBRE
En concreto se refiere al contenido del documento enfoCat hallado durante el registro del domicilio del número dos de Economía del Govern Josep Maria Jové Lladó, la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos ocurridos durante la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, o el contenido de las conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o la Guardia Civil".
El citado auto justifica las medidas adoptadas --comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio español, indicación de un teléfono de contacto donde esté localizable "inmediatamente" e indicación de una persona para que reciba cualquier tipo de notificación- - para Trapero aunque justifica su medida de libertad en que cuenta con residencia y domicilio reconocidos y trabajo estable.
También descarta la reiteración delictiva en la que el Ministerio Fiscal fundamenta su solicitud de prisión incondicional, ya que considera que esa posibilidad no aparece delimitada, sin perjuicio de las posibles ampliación que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias.
Según explican fuentes jurídicas, el Ministerio Público solicitaba prisión incondicional para el mayor de los Mossos debido a la gravedad del delito de sedición que se le imputa, la gravedad de los hechos al tratarse de un mando policial y por la posibilidad de reiteración delictiva.