La postura de Ciudadanos es consecuencia de la aceptación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la aceptación de la competencia para abordar las diligencias abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz por supuestamente haber favorecido a la empresa Cofely --envuelta en la trama Púnica-- al entender que hay indicios de delitos de tráfico de influencias, fraude a administración pública y cohecho, entre otros.
Por ello, se ha designado a la magistrada instructora Susana Polo, quien determinará las personas que "junto al aforado, deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados al señor Ortiz".
Así lo detalla el auto de la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal en relación a la investigación sobre la adjudicación de un contrato de suministros y servicios energéticos a Cofely en 2014, en la etapa en la que el aforado era alcalde de Móstoles.
"Los hechos en los que se ha podido intervenir en la persona aforada, Daniel Ortiz, relatados en la exposición razonada, revisten inicialmente caracteres delictivos", expone en su auto el TSJM que alude, tras la exposición razonada de las diligencias efectuadas por la Audiencia Nacional, también indicios de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de información privilegiada.
En este sentido, expone que el actual diputado autonómico del PP pudo recibir compensaciones económicas por presuntamente haber influido y actuado a favor de la adjudicación del contrato a Cofely, a tenor de lo reflejado en las conversaciones y correos electrónicos incorporado en la causa de la trama Púnica.
En concreto, se refiere a las diligencias abiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan a que el exalcalde de Móstoles podía ser destinatario de comisiones y dádivas por la adjudicación del contrato a Cofely, empresa implicada en la trama Púnica, y que envió a los técnicos de la sociedad información de las competidoras al concurso para dirigir el procedimiento.
Así se desprende de los pinchazos telefónicos iniciados el 18 de junio de 2014 y que revelan, a juicio de los investigadores, "intensas negociaciones sobre el pago de comisiones prometidas en el contrato" por ejecutivos de Cofely, el empresario David Marjaliza, el exdiputado Mario Utrilla y el exconcejal de Medio Ambiente de la localidad Alejandro Utrilla y representantes del exalcalde.
Ciudadanos pide la dimisión de Ortiz
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este miércoles que si el diputado regional Daniel Ortiz no dimite cuando sea "formalmente imputado" pondría "en riesgo" el acuerdo de investidura entre su formación y el Gobierno de Cristina Cifuentes.
"Esto significa que en cuestión de días estará formalmente imputado y tendrá que dimitir como recoge el punto primero del acuerdo de investidura", ha señalado Aguado.
El parlamentario espera que no se vean obligados a pedir su dimisión sino que "sea el mismo el que la presente" porque de lo contrario "pondría en riesgo el acuerdo de investidura lo que sería una gran irresponsabilidad por parte del PP".
Cifuentes pide esperar al auto formar de investigación
Por su parte, la presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha apostado por esperar a ver si hay un auto formal de investigación del exalcalde de Móstoles y actual diputado autonómico, Daniel Ortiz, para pedirle que asuma su compromiso de irse.
Cifuentes ha afirmado que si hubiera un auto formal de investigación de cualquier diputado relacionado con la corrupción hay un compromiso de que renunciarían a su acta.
"Estoy segura de que si eso ocurriera se produciría", ha continuado para apuntar que a día de hoy "no hay un auto formal de investigación y no es momento de pedir a Daniel Ortiz que asuma su compromiso". "Están esperando a que decidan los jueces", ha concluido.