Tras la declaración de los treinta acusados, el juicio entra en una nueva fase en la que los empresarios supuestamente extorsionados relatarán sus testimonio. El primero de ellos será el testigo protegido que presentó la primera denuncia ante la Guardia Civil.
En las comparecencia de los acusados, una exfuncionaria admitió haber cobrado 2.500 euros, mientras que un empresario reconoció que pagó por el trámite para conseguir una licencia de obras.
El testigo protegido presentó una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, entregando una grabación en la que uno de los empresarios detenidos le exigía entre 12 y 15.000 euros a cambio de agilizarle la concesión de la licencia. Ese dinero iba destinado supuestamente a Victoriano Ceballos.