La Directora del Área de Servicios Territoriales del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Gemma Fernández, ha rechazado este lunes cualquier irregularidad en la adjudicación del contrato de limpiezas del año 2009 que recayó en la empresa Limasa pese a que el entonces alcalde de dicha localidad Bartomeu Muñoz le hizo saber en diversas ocasiones que el tema estaba "zanjado" a favor de dicha sociedad.
En una nueva sesión de juicio por el caso Pretoria que acoge la Audiencia Nacional, la técnico, que ha comparecido en calidad de testigo, ha insistido en numerosas ocasiones que ella no dirigió el concurso y que defendía la licitación de la empresa Rubatec porque era la más barata, lo que le permitía destinar la diferencia que se ahorrarían a otras partidas. "Nunca he trabajado contra los intereses del Ayuntamiento", ha dicho.
Sin embargo la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que le ha recordado en varias ocasiones que estaba declarando bajo juramento de decir verdad, ha anunciado al tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel que solicitará que se deduzca falso testimonio tras reproducirle hasta seis grabaciones telefónicas entre ella y el exedil socialista acusado en la trama en las que se refleja cómo se le daba la orden de adjudicar el contrato a la empresa Limasa (cuyo dueño Manuel Carrillo está investigado en el procedimiento).
" No hay mucho que cambiar" o "porque soy buen chaval; sino me lo cargaba de un plumazo", son algunos de los mensajes que Muñoz -para el que la Fiscalía pide seis años y diez meses de cárcel-- dirigió a Fernández en los meses previos a la redacción del informe por parte del Área de Servicios Territoriales y que otorgó la mayor puntuación a Limasa, según se desprende de los audios que se han convertido en la principal prueba de cargo de la vista oral.
Paralelamente, y según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal del caso, el alcalde le pidió a Carrillo el pago de 6.480 euros repartidos en tres cantidades y la inversión de 12.000 euros en esponsorización de actividades municipales.
MEDIACIÓN DE LUIGI
La trama sienta en el banquillo de los acusados a once personas entre las que se encuentran el presunto cabecilla el empresario Luis García 'Luigi' y los exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, quienes reconocieron ante el tribunal haber cobrado un 4 por ciento de comisiones por mediar en contratos relacionados con diferentes operativas, desarrolladas en Santa Coloma (operación Pallaresa), Sant Andreu de Llavaneres (Niesma) y en Badalona.
Por su parte, el ingeniero Antonio García cuya empresa Rubatec también se presentó al concurso para la adjudicación de limpiezas, ha confesado que se enteró de que no iban a resultar los elegidos por boca del empresario y exdiputado del PSC 'Luigi', antes de que la Mesa de Contratación se pronunciara sobre el informe.
Tanto los integrantes de dicha mesa como los del órgano dedicado a tal fin desconocieron "en todo momento" las maniobras, a juicio de la fiscal "delictivas", realizadas por Muñoz y Manuel Carrillo para conseguir que una resolución favorable a Limasa.