En su recurso, los Servicios Jurídicos del Estado interpretaban que la agencia de protección social que planeó crear la Generalitat es una de las estructuras de Estado que impulsa como parte del proceso secesionista.
La norma proyecta la creación de un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y de organizarse, y que actúa con plena autonomía presupuestaria y funcional según expone el Gobierno en su recurso, entendiendo por ello que la norma catalana vulnera las competencias estatales en materia de sanidad y seguridad social.
La Ley, aprobada el pasado 7 de septiembre en el Parlament, regula el organismo encargado de gestionar el sistema y las prestaciones de protección social en Cataluña y establece que el presidente de este organismo lo debe nombrar el Parlament. Se trata de una de las denominadas tres leyes de 'desconexión' -las otras dos son la de hacienda catalana y la de transitoriedad jurídica.