La declaración de constitucionalidad de esta norma podría aplicarse en un futuro próximo a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a quien ya se investiga por incurir en una presunta desobediencia al permitir que se debatieran y votaran en la Cámara catalana las conclusiones para fijar la hoja de ruta de la ruptura con España.
La Generalitat recurrió también la reforma, y la resolución de esta iniciativa se deliberará previsiblemente en las próximas semanas y tendrá el mismo destino que la promovida por el Gobierno Vasco en las partes que ambos recursos coincidan, han apuntado fuentes del tribunal de garantías. Si no hubo acumulación de ambos recursos es porque en ellos se planteaban cuestiones de inconstitucionalidad diferentes.
La conclusión alcanzada por el TC sobre su propia reforma precisó de un cambio de la ponente inicialmente designada para este recurso, que era la vicepresidenta del TC Adela Asúa, ya que su propuesta favorable a los recurrentes no obtuvo el apoyo mayoritario de sus compañeros. El nuevo ponente ha sido el magistrado Pedro González Trevijano, perteneciente al sector conservador de la institución, y Asua ha anunciado voto particular.
La norma cuestionada detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, que "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones". "Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución", según reza su exposición de motivos.
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