Esta suspensión cautelar fue dictada por el TC tras la petición del Gobierno central, que pedía la suspensión de la jornada de 35 horas hasta que el Constitucional resolviera sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la aplicación de las 35 horas semanales en la administración pública andaluza.
En la comunicación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el pleno del TC ha acordado unir a las actuaciones los escritos que presentaron el 29 de septiembre la letrada de la Junta y el letrado del Parlamento andaluz.
Asimismo, el pleno del TC ha indicado tanto al abogado del Estado como a la representación legal del Parlamento andaluz para que en el plazo de cinco días hábiles "expongan lo que consideren conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión".
VALORACIÓN DE LA CONSEJERA
Tras conocer dicha comunicación, que le ha sido notificada este martes, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, considera que esta petición del TC supone "el momento de la verdad" para el Gobierno central "que ha dicho que estaba dispuesto al diálogo pero no ha hecho posible en la práctica ese diálogo".
"Tanto el presidente del PP-A, Juanma Moreno, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, han acusado a la Junta de no tener voluntad, pero ahora le toca al Gobierno de España demostrar si era verdad que está de parte de los funcionarios, o si este derecho no lo va a restituir al conjunto de España para los restos y, en ese caso, habría engañado a los andaluces", ha añadido.
Montero ha indicado a Europa Press que el Gobierno "ya no se va a poder esconder en un supuesto acuerdo que no llega o en una falta de voluntad de diálogo".
Ha asegurado que la Junta "desde el primer día ha estado dispuesta a dialogar, pero el Gobierno no le ha hecho ninguna respuesta a la Junta", por lo que cree que ahora "ante el TC no se puede esconder, y debe decir sí o no sobre si el levantamiento de la suspensión cautelar procede".
Montero ha recordado que tanto Moreno como Sanz "se comprometieron con los sindicatos y la opinión pública a que cuando la Junta presentara las alegaciones, el Gobierno iba a levantar la suspensión cautelar; ahora veremos cual es su capacidad de influencia".
La consejera confía en que el Gobierno "cumpla con la palabra dada a los empleados públicos andaluces", y espera que ahora acometa el levantamiento de la suspensión cautelar "pues, de lo contrario, tendrá que explicarlo".
Montero ha recordado que el TC ha suspendido una normativa autonómica de forma cautelar, ante lo que la Junta ha remitido documentación "al ver perjudicados sus intereses", por lo que considera que ahora el Gobierno "es quien tiene la responsabilidad; es una cuestión del Gobierno de España, que debe pronunciarse sobre la suspensión cautelar".