En el primero de los casos, el TC admite a trámite un conflicto de atribuciones presentado por el Ejecutivo en el que se pide que se anule la paralización del calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Parlamento comenzó a tramitar el Congreso pese a la disconformidad del Ejecutivo.
El segundo recurso se refiere a la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
En ambos casos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 LOTC, el Pleno acuerda dar traslado de las demandas y documentos presentados al Congreso de los Diputados, que dispone de un plazo de un mes para formular las alegaciones que estime oportunas.
También se remite al Senado con el fin de que pueda comparecer en los dos procedimientos "en apoyo del demandante o del demandado, si entendiere que la solución del conflicto planteado afecta de algún modo a sus propias atribuciones".