En una providencia que supone el primer paso dado por el Supremo para investigar a los aforados por los ERE presuntamente irregulares, el instructor ha dictado una providencia en la que indica que, a tenor de los datos sobre Mar Moreno recogidos en las actuaciones de la causa principal sobre los ERE procede dirigir un oficio a la Guardia Civil para que realice una investigación "centrada en constatar cuáles son las actividades realizadas por aquélla en el ámbito de la Junta de Andalucía o en cualquier otro cargo público que estuviera relacionado con los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan".
Dichos actos son, según concreta Jorge Barreiro, los relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2012.
La investigación debe centrarse, fundamentalmente, en el periodo de tiempo en que Moreno desempeñó el cargo de consejera de Presidencia en el Gobierno de Andalucía.
El magistrado añade que deberá ser informado sobre qué resoluciones, en su caso, dictó como consejera en relación a los hechos investigados; los actos en que intervino relativos a su ejecución y actuaciones a las que aparece directamente vinculada que tuvieran alguna repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público que se investiga en la causa.
En igual sentido, Jorge Barreiro ordena una investigación de la misma índole en relación con Gaspar Zarrías, "centrada en los actos que haya ejecutado como consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía que tuvieran alguna vinculación con los hechos delictivos que son objeto de la presente causa". El oficio del juez se dirige a la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil
La comparecencia de los peritos
Por otra parte, peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los dos catedráticos de derecho tributario que han elaborado un informe pericial por encargo de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acudirán el viernes al Tribunal Supremo para confirmar que son los autores de sendos informes aportados a la causa en la se les investiga junto a los exconsejeros Mar Moreno, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, todos ellos aforados, por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que instruye la juez Mercedes Alaya.
El informe de la IGAE, realizado a petición de la juez Alaya, volvía a cuestionar las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L y discrepaba de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Por su parte, el análisis aportado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago defiende que no existieron irregularidades en las transferencias de financiación y que éstas se realizaron en el marco de la gestión de fondos